AP de Cuenca (Sección 1ª) Sentencia num. 283/2018 de 14 noviembre JUR\2019\9378

Audiencia Provincial
AP de Cuenca (Sección 1ª) Sentencia num. 283/2018 de 14 noviembre
JUR\2019\9378
CULPA EXTRACONTRACTUAL: ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN: RECURSO DE APELACIÓN: ADMISIÓN: IMPROCEDENCIA: FALTA DE CONSIGNACIÓN DE CANTIDADES OBJETO DE CONDENA: Inadmisión del recurso de apelación al encontrarnos en un proceso en que se pretende la condena a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor y no haber consignado el demandado el importe de la condena más los intereses y recargos exigibles: puede por la parte subsanarse la acreditación de haberse realizado en tiempo la consignación, pero no cabe el cumplimiento tardío o extemporáneo de la condición jurídica misma, pues sería tanto como prorrogar un plazo improrrogable para su cumplimiento.
ECLI:ECLI:ES:APCU:2018:442
Jurisdicción:Civil
Recurso de Apelación 345/2018
Ponente:IIlma. Sra. Mª Pilar Astray Chacón
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
CUENCA
SENTENCIA: 00283/2018
Modelo: N30090
PALAFOX Nº 4-1ª PLANTA
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO
Tfno.: 969224118 Fax: 969228975
Equipo/usuario: AEV
N.I.G. 16078 41 1 2017 0001834
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000345 /2018
Juzgado de procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.3 de CUENCA
Procedimiento de origen: JVB JUICIO VERBAL 0000354 /2017
Recurrente: FIATC SEGUROS
Procurador: ROSA MARIA TORRECILLA LOPEZ
Abogado: CARLOS JOUVE GUAITA
Recurrido: Eulogio, Evaristo
Procurador: , SONIA MARTORELL RODRIGUEZ
Abogado: , RAFAEL ANDRES GARCIA GARCIA
SENTENCIA Nº 283/2018
Ilma. Sra. Magistrada Ponente
Dª María Pilar Astray Chacón.
En Cuenca a catorce de noviembre de dos mil dieciocho.
Visto el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra. Torrecilla López, en nombre y representación de FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA S.A. y de D. Eulogio, asistidos del letrado Sr. Jouve Guaita, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Cuenca, en autos de Juicio Verbal 354/17, de fecha 23 de abril de 2018, seguidos en su contra a instancias de D. Evaristo, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Martorell Rodríguez, asistido del letrado Sr. García García, actuando como ponente la Ilma. Sra. Dña. María Pilar Astray Chacón,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO- Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Cuenca, en autos de Juicio Verbal 354/17, se dictó Sentencia de fecha 23 de abril de 2018, por la que estimando íntegramente la demanda formulada por D. Evaristo, condenó solidariamente a los demandados a satisfacer al demandante la cantidad de 3.628,97 euros, más los intereses previstos en el fundamento quinto de dicha Resolución y el pago de las costas.
SEGUNDO- Por la representación procesal de FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA Y D. Eulogio, se interpuso recurso de apelación contra la referida Sentencia, interesando su revocación, y el dictado de otra conforme a las pretensiones de la contestación a la demanda, condenando a la demandante al pago de las costas.
La representación procesal del demandante se opuso a dicho recurso, interesando en primer lugar su inadmisibilidad por ausencia de consignación del art. 449.3 de la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , y en cuanto al fondo, en su caso, la confirmación de la Resolución recurrida.
TERCERO- Elevados los Autos a esta Audiencia Provincial, se les dio trámite, designándose como ponente a la Ilma. Sra. Magistrada Dña. María Pilar Astray Chacón.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO
Ha de resolverse, en primer lugar, la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto.
Dispone el art. 449.3 de la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) : “En los procesos en que se pretenda la condena a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor no se admitirán al condenado a pagar la indemnización los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, si, al interponerlos, no acredita haber constituido depósito del importe de la condena más los intereses y recargos exigibles en el establecimiento destinado al efecto. Dicho depósito no impedirá, en su caso, la ejecución provisional de la resolución dictada
La Jurisprudencia ha mantenido que un término fijado por la ley, y como tal debe hacerse en dicho periodo de tiempo, no cabe plantear su subsanabilidad conforme a lo dispuesto en el art. 231 de la LEC, sino en su caso la subsanación de la acreditación de haber consignado en el referido plazo. Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional elaborada con los precedentes normativos semejantes a este precepto, debe diferenciarse entre el hecho del pago o consignación, en el momento procesal oportuno, y el de su acreditación, siendo posible la subsanación únicamente de la falta de acreditación del cumplimiento de esta obligación de pago, por ser este un requisito formal susceptible de ser subsanado, pero no la subsanación hecho del pago o consignación en sí mismo.
El incumplimiento de esta obligación, en el término de la preparación del recurso implica la inadmisión del recurso en cuestión, pudiendo subsanarse sólo la falta de acreditación de tal circunstancia (la STS, Sala Primera, 908/2011, de 30 de noviembre).
SEGUNDO
Examinadas las actuaciones consta que con fecha 28 de mayo de 2018, la parte recurrente interpone el recurso de apelación, adjuntando justificante del ingreso del depósito para recurrir. Por Diligencia de Ordenación de 28 de mayo de 2018, se admitió a trámite dicho recurso, presentando la demandante/ apelada escrito de 12 de mayo de 2018, planteando, en primer lugar, la inadmisibilidad de dicho recurso por falta de consignación de la cantidad objeto de condena. Por Diligencia de ordenación de trece de junio se acuerda la remisión y emplazamiento de las partes ante la Audiencia Provincial. Obra en autos detalle del movimiento del ingreso de 2795, 84, que, añadidos a los 1200 euros ya consignados por la aseguradora en octubre de 2017, suman 3995,94 euros. Dicho ingreso consta efectuado el catorce de junio de 2018, por lo tanto, extemporáneamente al término de la interposición del recurso.
Como recuerda la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 16 de febrero de 2018, dicha extemporaneidad ha de predicarse igualmente sobre el ingreso de una cantidad deficiente, como en el este caso que ya obraba consignada la cantidad que la aseguradora entendía procedente en octubre de 2010. Así señalaba aquella resolución, con argumentos que asume este Tribunal que” Es decir, la Ley, a efectos de considerar válidamente realizado el depósito y de otorgar la posibilidad de subsanación, no hace distinciones entre una consignación defectuosa y una ausencia de consignación y la posibilidad de subsanación sólo la vincula a la justificación documental como ya se ha expuesto, sin que proceda realizar distinciones allí donde el legislador no las ha previsto. Depositado sólo el principal y parte de los intereses por la entidad recurrente, no cabe sino considerar como no realizada la consignación de manera que se está ante el caso de que lisa y llanamente se incumplió el presupuesto de recurribilidad previsto en el art. 449.4 de la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) por lo que es evidente la carencia de fundamento del recurso. A mayor abundamiento, y por lo que se refiere a las alegaciones vertidas por el recurrente en relación con la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el art. 24 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) , no puede concluirse la fundamentación de esta resolución sin añadir, en punto a la salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva, en particular, al derecho a acceder y utilizar los medios de impugnación dispuestos por el legislador, que, como hasta la saciedad ha declarado el Tribunal Constitucional, no existe, fuera del ámbito penal, un derecho en la Constitución a los recursos o a un determinado tipo de recurso, siendo imaginable y posible que el legislador no articule legalmente ninguno contra una resolución concreta, o que lo subordine a la concurrencia de determinadas condiciones ( SSTC 37/88 , 196/88 y 216/98 ), si bien, eso sí, una vez establecidos en la Ley, pasan a formar parte del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva y lo refuerzan, siempre en la concreta configuración de cada una de las leyes de enjuiciamiento (cfr. SSTC 37/95 , 58/95 , 149/95 , 211/96 , 216/98 y 10/99 , entre otras muchas ); como debe igualmente admitirse que no hay una exigencia constitucional a la dispensa de la tutela de los derechos y garantías procesales en sede jurisdiccional y por vía de recurso, cuya salvaguarda se encuentra garantizada naturalmente por la vía del amparo constitucional, y menos aun que exista una exigencia constitucional a una protección jurisdiccional incondicionada, dada la naturaleza de derecho prestacional que presenta el derecho a la tutela judicial efectiva, cuyo ejercicio está supeditado a la concurrencia de los presupuestos y requisitos legales ( SSTC 252/2000 , 3/2001 y 13/2002 ), como tampoco existe una obligación derivada de la Constitución que imponga una interpretación de las normas rectoras del recurso que favorezcan necesariamente al recurrente para obtener esa protección jurisdiccional (cfr. SSTC 63/2000 , 258/2000 y 6/2001 , entre las más recientes). Y, en fin, no ha de ignorar el recurrente que, como ya se ha dicho, el acceso a la casación es materia de orden público sustraída a la disponibilidad de las partes (SSTC STC 90/86 y 93/93 ), que esta Sala tiene la última palabra sobre el particular (SSTC 10/86 , 26/88 , 315/94 y 7-2-95 , esta última del Pleno), y que el derecho a la tutela judicial se satisface igualmente mediante una resolución que declara la inadmisión de un recurso o que deniega su preparación, cuando dicha decisión se basa en un motivo legal, no es arbitraria ni incurre en error patente, y cuando resulta proporcionada con relación a los fines previstos en la norma constitucionalmente protegibles ( SSTC 222/98 , 173/99 , 181/2001 y 46/2004 ).”.
En parecidos términos se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, que en sentencia de 25 de febrero de 2008 decía que ” la decisión sobre la admisión de los recursos o no y la verificación de la concurrencia de los requisitos materiales y procesales a que están sujetos “constituye una cuestión de mera legalidad ordinaria que corresponde exclusivamente a los Jueces y Tribunales, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que les atribuye el art. 117.3 CE “. Son los Jueces y Tribunales, por lo tanto, a quienes corresponde determinar cuáles son los requisitos y presupuestos que la ley exige para el acceso a los recursos que establece, así como la verificación y control de su concurrencia en cada caso. En el mismo sentido, en la S.T.C. 258/2000, de 30 de octubre (FJ 2 ), con cita de innumerables decisiones anteriores, afirmamos que este Tribunal Constitucional “no puede entrar a enjuiciar la corrección jurídica de las resoluciones judiciales que interpretan y aplican las reglas procesales que regulan el acceso a los recursos, ya que ni es una última instancia judicial ni nuestra jurisdicción se extiende al control del acierto de las decisiones adoptadas por los jueces en ejercicio de su competencia exclusiva sobre selección, interpretación y aplicación de las normas procesales ex art. 117 CE en lo que respecta al acceso a los recursos previstos en las leyes. Por ello, cuando se alega el derecho de acceso a los recursos, el control constitucional de esas resoluciones judiciales es meramente externo y debe limitarse a comprobar si tienen motivación y si han incurrido en error material patente, en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad lógica, evitando toda ponderación acerca de la corrección jurídica de las mismas” …. Alega también la entidad recurrente que la Sentencia impugnada ha vulnerado su derecho de acceso al recurso al haberle impedido obtener un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada en la segunda instancia, debido a la aplicación rigorista del requisito de la consignación que estima desproporcionada al no haber otorgado la posibilidad de subsanación del defecto apreciado -una consignación insuficiente-, permitida por el art. 449.6 en relación con el art. 231, ambos de la LEC .
Pero tampoco esta queja puede prosperar, como ya hemos señalado en la STC 253/2007, de 17 de diciembre (RTC 2007, 253) , FJ 3 , para una consignación también insuficiente, pues, aplicando la doctrina constitucional antes citada y situándonos en el control constitucional externo que en los casos de acceso al recurso nos corresponde, hemos de concluir que la alegación de una aplicación rigorista y desproporcionada de la causa de inadmisión prevista en el art. 449.3 LEC queda fuera del canon de constitucionalidad imperante en la vertiente de la tutela judicial que atañe al acceso al recurso, sin que el razonamiento de la Sentencia impugnada respecto de la finalidad de dicho precepto y su aplicación al caso resulte arbitrario, irrazonable o fruto del error patente.”.
También la SAP de Alicante, Sec. 8ª de 2 de diciembre de 2009 “la falta de observancia del mencionado requisito debió conllevar la inadmisión a trámite del mismo pues si es subsanable el defecto de la acreditación, no lo es el de la propia consignación dentro del plazo de preparación del recurso. Dicho de otro modo, a tenor del apartado 6 del artículo 449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del 231 de la Ley, el tribunal debe permitir que puedan ser subsanados los defectos procesales en que incurran las partes, siempre que en dichos actos se hubiese manifestado la voluntad de cumplir los requisitos legalmente exigidos, voluntad que no puede ser meramente formal sino real, señalando en este sentido la sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de Noviembre de 1.995 que no existe lesión del derecho a la tutela judicial efectiva cuando la situación alegada es debida a la pasividad, desinterés, negligencia o error técnico de las partes o de los profesionales que los representan o defienden, sin que sea en otro orden de cosas obstáculo a la inadmisión el hecho que por el Juzgador de instancia se admitiera en su momento a trámite la apelación, pues nos encontramos ante un requisito sustancial o esencial para el acceso a los recursos, como así ha sido calificado el pago o consignación para recurrir por parte de la doctrina jurisprudencial, declarando el Tribunal Constitucional en Sentencia de 26 de Octubre de 1.998 que se trata de una materia de orden público y por tanto de carácter imperativo, que queda fuera del poder dispositivo de las partes y del órgano judicial, por lo que su cumplimiento ha de ser constatado y revisado de oficio por los Tribunales al resolver los recursos para cuyo conocimiento eran competentes, teniendo así el tribunal ad quem facultades para revisar la decisión del órgano a quo cuando éste haya admitido indebidamente el recurso a pesar de faltar un requisito de carácter procesal impuesto por la norma.”.
Y la STS de 30 de noviembre de 2011 “La decisión de la sentencia recurrida al desestimar el recurso de apelación por advertir la concurrencia de una causa que suponía que la apelación no debió ser admitida, se ajusta al criterio seguido por esa Sala (SSTS RC n.º 711/2000, 13 de febrero de 2009 , RC n.º 2/2001, 31 de enero de 2011 , RIP n.º 1916/2007 , 14 de febrero de 2011 , RC n.º 603/2007 ). “.
En suma, pues, si en el momento de la presentación del escrito de preparación el recurrente no hubiere justificado la realización del pago o consignación, o manifestando haberlo verificado en dicho momento no lo acreditase luego dentro del plazo concedido al efecto, la solución no podría ser otra que su inadmisión y, por ende, la firmeza de la recurrida.
TERCERO
Son de imponer las costas del presente recurso a la recurrente, al no proceder su admisión, ya que puede por la parte subsanarse la acreditación, justificación o prueba documental de haberse realizado en tiempo la consignación, pero no el cumplimiento tardío o extemporáneo de la condición jurídica misma, pues sería tanto como prorrogar un plazo improrrogable para su cumplimiento. ( art. 394 y 398 de la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) ).
Vistos los preceptos jurídicos citados, concordantes y demás de general aplicación,
FALLO
SE DECLARA MAL ADMITIDO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra. Torrecilla López, en nombre y representación de FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA S.A. y de D. Eulogio, asistidos del letrado Sr. Jouve Guaita, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Cuenca, en autos de Juicio Verbal 354/17, de fecha 23 de abril de 2018, seguidos en su contra a instancias de D. Evaristo, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Martorell Rodríguez, asistido del letrado Sr. García García y en consecuencia SE DESESTIMA el mismo, confirmando la Sentencia de Primera Instancia, y condenando a la entidad recurrente al pago de las costas correspondientes a dicho recurso.
Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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