AP de Barcelona (Sección 17ª) Sentencia num. 836/2018 de 22 noviembre AC\2018\1673

Audiencia Provincial
AP de Barcelona (Sección 17ª) Sentencia num. 836/2018 de 22 noviembre
AC\2018\1673
CULPA EXTRACONTRACTUAL: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS POR INCENDIO: PROCEDENCIA: daños causados por el incendio de motocicleta en el parking de la comunidad de propietarios provocado por un cortocircuito en la parte posterior eléctrica de la motocicleta: inexistencia de caso fortuito, ni de fuerza extraña a la conducción: presunción de culpa que corresponde destruir al agente.
ECLI:ECLI:ES:APB:2018:12225
Jurisdicción:Civil
Recurso de Apelación 458/2018
Ponente:IIlma. Sra. María Sanahuja Buenaventura
La Audiencia Provincial de BArcelona declara haber lugar al recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 23-2-2018 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 2 de Badalona, revocándola en el sentido expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Resolución.
Sección nº 17 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
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Recurso de apelación 458/2018 -G
Materia: Juicio Ordinario
Órgano de origen:Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Badalona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 1163/2015
Parte recurrente/Solicitante: OCASO SA., l’Equite Cie. d’assegurances et Reassurances, Victorino, PELAYO SEGUROS, LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, Samuel
Procurador/a: Cristina Borras Mollar, Ines Beltri Vicente, Carlos Pons De Gironella, Josep Mª Bort Caldes
Abogado/a: Ernesto Nuñez Castillon
Parte recurrida: Carlos Alberto, SEGUROS FIATC
Procurador/a: Mª Isabel Martinez Navarro
Abogado/a:
SENTENCIA Nº 836/2018
Magistrados:
Paulino Rico Rajo
Mireia Borguño Ventura
Maria Sanahuja Buenaventura
Barcelona, 22 de noviembre de 2018
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 11 de mayo de 2018 se han recibido los autos de Procedimiento ordinario 1163/2015 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Badalona a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por e/la Procurador/aCristina Borras Mollar, Ines Beltri Vicente, Carlos Pons De Gironella, Josep Mª Bort Caldes, en nombre y representación de OCASO SA., l’Equite Cie. d’assegurances et Reassurances, Victorino, PELAYO SEGUROS, LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, Samuel contra Sentencia de fecha 23/02/2018 y en el que consta como parte apelada el/la Procurador/a Mª Isabel Martinez Navarro, en nombre y representación de Carlos Alberto, SEGUROS FIATC.
SEGUNDO.- El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:
“Desestimo totalmente las demandas interpuestas por OCASO SA, LŽEQUITE COMPAGNIE DŽASSURANCES ET REASSURANCES SUR LES RISQUES DE TOUTE NATURE, LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA y Agustín, Victorino y PELAYO MUTUA DE SEGUROS contra Carlos Alberto y SEGUROS FIATC, con imposición de costas a los actores.”
TERCERO.- El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.
Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo, que ha tenido lugar el día 21/11/2018.
CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables al caso.
Se designó ponente a la Magistrada Maria Sanahuja Buenaventura .
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
En el presente procedimiento fueron acumuladas las siguientes demandas, interpuestas contra el Sr. Carlos Alberto, titular de la motocicleta BMW 1200 RT matrícula ….YNF, y su aseguradora SEGUROS FIATC, en las que reclama por los daños causados por el incendio de este vehículo, el 23-11-2014, a las 7 horas, en el parking de la comunidad de propietarios del garaje de la CALLE000 NUM000 de Badalona, provocado por un cortocircuito en la parte posterior eléctrica de la motocicleta, estacionada en la plaza NUM001:
– OCASO S.A., aseguradora de la comunidad de propietarios, reclama al Sr. Carlos Alberto, y a FIATC, la cantidad de 29.110,33 € (28.778,11 abonados a la comunidad, y 332,22 € a AST REPARACIONES SCP por los trabajos de urgencia sobre la instalación eléctrica del garaje para retomar el suministro), más los intereses legales y costas.
– LŽEQUITE COMPAGNIE DŽASSURANCES ET REASSURANCES SUR LES RISQUES DE TOUTE NATURE, aseguradora de la motocicleta HONDA SCOOPY 125, matrícula ….XDD, propiedad del Sr. Victorino, que resultó siniestro total, indemnizó a su asegurado en la cantidad de 2.200.- €, que reclama al Sr. Carlos Alberto, y a FIATC, más intereses y costas.
– El Sr. Victorino, propietario de la motocicleta HONDA SCOOPY 125 matrícula ….XDD, presentó otra demanda en la que reclama al Sr. Carlos Alberto, y a FIATC, la cantidad de 446.- € (importe de un casco de 420.- € y un traje impermeable de 26.- €), más intereses, que para la aseguradora serán los del art. 20 LCS (RCL 1980, 2295) y costas.
– PELAYO SEGUROS, aseguradora del vehículo matrícula ….NNR, propiedad del Sr. Victorino, reclama a FIATC por los daños sufridos en el incendio por este vehículo, que fueron indemnizados por PELAYO al Victorino. en la cantidad de 8.505.- €, más intereses legales y costas.
– LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., y el Sr. Agustín, aseguradora y propietario del vehículo Renault Megane matrícula ….YHH, que resultó siniestro total, reclaman al Sr. Carlos Alberto, y a FIATC: por los daños que fueron indemnizados por LINEA DIRECTA al Sr. Samuel, la cantidad de 7.020 €, más intereses; por el valor de afección del Renault Megane, que se estima en el 30% del valor venal, en 2.106.- €, que corresponden al Sr. Samuel, más los intereses del art. 20 LCS; y costas.
FIATC, Mutua de Seguros, y el Sr. Carlos Alberto, se oponen a cada una de las demandas. No niegan que se incendiara la motocicleta BMW matrícula ….YNF, que afectó al parking y a diversos vehículos que se encontraban en el mismo, pero fue debido a un incendio fortuito de la motocicleta, por un fallo eléctrico no por un mal uso o defecto de utilización, pues se hallaba estacionada desde hacía días, por lo que no estamos ante un hecho de la circulación, lo que comporta que no se puede responsabilizar a FIATC. Se alega la falta de legitimación activa de OCASO para accionar contra el Sr. Carlos Alberto ya que no se da el requisito de la alteridad, al ser éste miembro de la comunidad asegurada (que carece de personalidad jurídica propia), pues el art. 43 LCS exige que el daño se cause por un sujeto ajeno a la cobertura del contrato de seguro concertado. Y afirman que tampoco puede exigirse responsabilidad al Sr. Carlos Alberto porque la responsabilidad por incendio no es objetiva, y éste ocurrió por un hecho imprevisible para el propietario del vehículo, por lo que no se le puede imputar culpa, tratándose de un caso fortuito. También consideran que al resto de actores la indemnización se debería abonar por la compañía de seguros de la comunidad de propietarios del parking-garaje, OCASO, que tiene una póliza que cubre el riesgo de incendio y daños, tanto de los vehículos como del inmueble.
La sentencia de instancia desestima la demanda, argumentando en síntesis:
La eventual responsabilidad de FIATC, en cuanto aseguradora del vehículo causante de los daños, sólo existirá si éstos se debieron a un hecho de la circulación, presupuesto de la cobertura de los daños causados por vehículos a motor. (…)
Han quedado probados los siguientes hechos:
1. El SR. Carlos Alberto había dejado estacionada la motocicleta al mediodía del 22/11/14, según manifestó
2. La ignición se inició en torno a las 07.00 horas del día 23/11/14.
3. Su origen estuvo en la motocicleta BMW1200 RT matrícula ….YNF propiedad del Sr. Carlos Alberto que estaba aparcada en la plaza NUM001 del garaje de la comunidad de propietarios de la CALLE000 NUM000 de Badalona. A partir de ahí se propagó a los restantes elementos afectados.
4. Concretamente la causa del incendio fue una “disfunción eléctrica en los elementos que conforman dicha instalación en la motocicleta, produciendo un punto caliente y, por consiguiente, la ignición del incendio” según la pericial aportada por OCASO, o según la de FIATC “Como consecuencia de un mal contacto con derivación a masa (con el consiguiente aumento de temperatura (efecto Joule), de un cable eléctrico de la citada motocicleta, generando así un punto de calor y posibles desprendimientos de partículas incandescentes y/o llama provenientes del elemento aislante del cableado eléctrico (PVC), los cuales iniciarían los vapores del combustible (gasolina) presentes en esta motocicleta, dado que el citado cable, se ubicaría próximo al depósito de combustible de la misma.” Y sigue “INFLUENCIA DE LA ELECTRICIDAD EN LA IGNICIÓN: en el siniestro que nos ocupa, consideramos la electricidad como causa directa en la génesis del presente incendio.” Ambos informes coinciden en la causa eléctrica como origen del siniestro y en su carácter fortuito.
5. La motocicleta había sido comprada en marzo de 2014 y tenía unos 17.000 km, según declaración del Sr. Carlos Alberto.
El TS ha abordado ya la cuestión en varias ocasiones. STS 1116/08, Civil sección 1 del 02 de diciembre de 2008 (RJ 2009, 417) (…) Doctrina reiterada en la STS de 19/10/2015 (RJ 2015, 4896) . (…)
El Sr. Carlos Alberto había dejado estacionada la motocicleta sobre el mediodía del sábado 22 de noviembre y el incendio se produjo en torno a las 07.00 horas del domingo siguiente de manera que falta toda conexión entre un “hecho de la circulación” y el siniestro. No nos encontramos ante una parada en tránsito obligatoria sino, simplemente, ante el estacionamiento del vehículo hasta un nuevo uso que no tendrá lugar de manera inminente. De hecho habían pasado unas 19 horas si colocamos el mediodía en que se aparcó la moto a las 12.00 horas. El incendio está totalmente desligado del uso propio del vehículo, aun manteniendo un concepto amplio de hecho de la circulación.
Esta conclusión conlleva la desestimación de las demandas interpuestas contra FIATC. (…)
La posible responsabilidad del Sr. Carlos Alberto se rige por el art. 1902 CC (LEG 1889, 27) (…)
en materia de daños por incendios es de aplicación la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo conforme a la cual al tercero perjudicado por un incendio le basta con probar que el fuego se inició en el ámbito de operatividad del demandado, de manera que, para declarar la responsabilidad, no es preciso que quede establecido el nexo causal entre el daño y la causa eficiente del fuego, siendo suficiente que exista tal nexo entre el propio incendio y el daño. A este respecto, la STS de 14 de junio de 2013 (RJ 2013, 3946) (…)
En nuestro caso son hechos incontrovertidos la realidad de los daños y el nexo causal entre el incendio y aquéllos. Y por lo que se refiere a la causa de los daños ya hemos señalado que, según los informes periciales, se encuentra en un fallo en la instalación eléctrica de la motocicleta, aspecto sobre el que el Sr. Carlos Alberto carece de control, posibilidad de manipulación o alteración. Los informes derivan el origen a motivos ajenos a su actuación y sin capacidad de evitar el siniestro de manera que no se aprecia responsabilidad alguna que le sea exigible.
…me referiré brevemente a la demanda de OCASO SA en cuanto aseguradora de la comunidad de propietarios del garaje de la CALLE000 NUM000 de Badalona al repetir contra el Sr. Carlos Alberto por los daños causados a su asegurada. Frente a esta pretensión el demandado opone que falta el requisito de la alteridad, es decir, al ser éste miembro de la comunidad asegurada (que carece de personalidad jurídica propia) en virtud del art. 43 LCS no puede dirigirse contra él ya que el daño debe provenir de un sujeto ajeno a la cobertura del seguro concertado. (…)
…en nuestra sentencia de 12 de febrero de 2001 (PROV 2001, 135696) ya nos inclinábamos por considerar que el requisito de la alteridad no se cumple cuando la tomadora del seguro es una Comunidad de Propietarios y la acción se dirige contra uno de sus miembros pues al carecer aquella de identidad o personalidad jurídica propia, en realidad el seguro es contratado por todos los copropietarios en proporción a su cuota y, consecuentemente, resulta que el responsable del siniestro es también asegurado, por lo que no cabe que la aseguradora ejerza contra el mismo la acción de repetición por la indemnización pagada a la Comunidad, salvo que la responsabilidad proviniese de dolo -lo que no es caso pues en autos tan solo llegó a plantearse si el siniestro había sido debido a culpa del asegurado o a caso fortuito- o el demandado tuviese su responsabilidad amparada mediante un contrato de seguro -lo que tampoco consta y que, en todo caso, remitiría al art. 32 LCS y a la situación de seguro múltiple que en el mismo se contempla- “
Partimos de que la comunidad carece de personalidad jurídica propia de manera que quien contrata con OCASO es, en realidad, cada uno de los copropietarios por lo que falta el requisito “del otro” en quien se considera causante del daño. Esto lleva a la desestimación de la demanda.”
SEGUNDO
Todos los actores plantean recurso:
– OCASO S.A. plantea tres motivos:
. Infracción, inaplicación o errónea interpretación de ley y doctrina legal ( SSTS 29-11-2007, 2-12-2008 (RJ 2009, 417) , 6-2-2012 (RJ 2012, 4983) y 19-10-2015 (RJ 2015, 4896) ), porque un incendio de un vehículo estacionado puede considerarse un hecho de la circulación, sino se acredita que fue provocado, y la carga de la prueba recae en la aseguradora demandada.
. Infracción artículo 1902 CC (LEG 1889, 27) e interpretación errónea de la jurisprudencia que determina la responsabilidad civil extracontractual en materia de incendios ( SSTS 2- 6-2004 (RJ 2004, 4735) , 20-5-2005 (RJ 2005, 6693) 5-3-2007 (RJ 2007, 2515) ), y aplicación errónea del art. 207 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) en cuanto a la carga de la prueba.
El demandado no ha desplegado ninguna actividad probatoria que pudiera eximirle de su responsabilidad, por lo que no ha desvirtuado su presunción de culpa.
. Errónea interpretación de la Jurisprudencia en cuanto a la legitimación activa de OCASO, en relación a la aplicación del art. 43 de la Ley de Contrato de Seguro, porque la aseguradora de la comunidad tiene legitimación contra el comunero causante o responsable de los daños, que ha de tener la condición de tercero.
– LŽEQUITE COMPAGNIE DŽASSURANCES ET REASSURANCES SUR LES RISQUES DE TOUTE NATURE, y el Sr. Victorino, también insisten en que, conforme al art. 2 RRCSCVM, RD 1507/2008 (RCL 2008, 1599) , es hecho de la circulación, a los efectos de responsabilidad civil, todo el riesgo creado por un vehículo a motor, entre lo que se incluye el estacionamiento de vehículo. Invoca la STS de 6-2-2011 que considera que el aparcamiento de un vehículo merece la consideración de hecho de la circulación, y que en caso de incendio de un vehículo se debe establecer la presunción de responsabilidad del propietario o poseedor, que es quien ostenta el control de la situación de riesgo inherente a la conducción; y en el mismo sentido la STS de 19-10-2015. Y en este caso el Sr. Carlos Alberto no ha acreditado que se trate de un defecto de fabricación de la motocicleta, como afirmó.
– La Cia. aseguradora PELAYO también considera que el incendio de un vehículo es un hecho de la circulación, conforme a abundante jurisprudencia, y que los fallos mecánicos no pueden ser considerados como caso fortuito.
– LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., y el Sr. Agustín también invoca las SSTS 2-6-2004, 20-5-2005 (RJ 2005, 6693) y 28-5-2008 (RJ 2008, 3179) para supuestos de desconocimiento de la causa del incendio, y la doctrina del TS respecto a que el estacionamiento es un hecho de la circulación, sin distinguir su mayor o menor duración en el tiempo.
TERCERO
La jurisprudencia de los últimos años ha establecido los criterios a seguir en supuestos como el que se nos plantea, cuando el incendio de un vehículo aparcado causa daños en otros vehículos estacionados en sus inmediaciones, y estos criterios no coinciden con la tesis sostenida por la sentencia recurrida. El Tribunal Supremo considera que el estacionamiento o aparcamiento de un vehículo merece la consideración de hecho de la circulación, y que para entender que ha concurrido caso fortuito hace falta poder acreditar cuál ha sido la real y efectiva causa del incendio, pues si se desconoce se aplicará la presunción de responsabilidad del propietario o poseedor del vehículo.
Así, en la STS, del 19 de octubre de 2015 (RJ 2015, 4896) (Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS), en que se reclama por la responsabilidad derivada de un incendio de un camión en un parking que afectó a varios vehículos, se determina que el estacionamiento o aparcamiento de un vehículo merece la consideración de hecho de la circulación, por extenderse esta situación a cualquiera que derive del uso del vehículo.
SEGUNDO.- Motivo únic o. Por infracción, inaplicación o errónea interpretación con oposición de la Sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, concretamente a las Sentencias de fechas 10 de octubre de 2000 (RJ 2000, 9192) , 4 de julio de 2002 , 29 de noviembre de 2007 , 2 de diciembre de 2008 (RJ 2009, 417) y 6 de febrero de 2012 (RJ 2012, 4983) . Sentencias del Tribunal Supremo que permiten afirmar que cuando el vehículo está estacionado de forma permanente (no parado en ruta), en reposo, sin conexión o puesta en marcha de sus mecanismos, no deben entenderse los daños causados como hecho de la circulación, siempre que exista un lapso prolongado entre el estacionamiento/parada y el incendio.
En base a la doctrina jurisprudencial que invoca se sostiene que el vehículo asegurado por Reale se hallaba definitivamente fuera de la circulación porque su parada era de manera permanente en su lugar de estacionamiento habitual, y pasaron aproximadamente 24 horas entre el estacionamiento y el incendio , lo que hace inviable la consideración de parada o estacionamiento en ruta y la calificación como hecho de la circulación con cobertura del seguro obligatorio.
Se desestima el motivo .
Entiende el recurrente que el vehículo estuvo estacionado aproximadamente veinticuatro horas antes del incendio, por lo que no se podría hablar de una parada en ruta.
El recurrente utiliza sólo en parte lo declarado en la sentencia de primera instancia y aceptado por la de segunda instancia, dado que en aquella se declara (folio 3959, vto.) el camión “no se encontraba estacionado de manera permanente sino por descanso legal del conductor a la espera de partir de viaje. Y en cualquier caso, no puede considerarse prolongado ni permanente el estacionamiento del vehículo siniestrado; máxime considerando que en (sic) vehículo estaba realizando la parada obligatoria establecida en los Reglamentos CEE 3821/1985 (LCEur 1985, 1329) y 56112006 (sic)”.
Por tanto, el recurrente pretende hacer supuesto de la cuestión, modificando los hechos declarados probados sin impugnarlos por la vía adecuada que es el recurso extraordinario por infracción procesal.
En base a ello la sentencia 816/2011 de 6 de febrero de 2012 (RJ 2012, 4983) , recurso 977/2008 , declaró:
La duda que pudiera subsistir tras la lectura de los anteriores preceptos acerca de la posibilidad de compatibilizar la situación de aparcamiento o estacionamiento del vehículocon el concepto de hecho de la circulación se resuelve acudiendo a las previsiones del RDL 339/1990, de 2 marzo, que aprueba el Texto Articulado de laLey sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, habida cuenta que la situación de aparcamiento o estacionamiento está expresamente regulada en la Sección 7.ª, Capítulo II del Título II, artículos 38 y siguientes.
En virtud de los razonamientos expuestos resulta razonable concluir que el estacionamiento o aparcamiento de un vehículo merece la consideración de hecho de la circulación, por extenderse esta situación a cualquiera que derive del uso del vehículo “.
En el mismo sentido y en interpretación flexible de lo que se considera “hecho de la circulación”, debemos citar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, de 4-9-2014 (TJCE 2014, 297) , que declara: “debe interpretarse en el sentido de que en el concepto de “circulación de vehículos” que figura en la citada disposición se incluye la utilización de un vehículo que es conforme con la función habitual de dicho vehículo. Así pues, puede estar comprendida en ese concepto la maniobra de un tractor en una era para situar en el patio de una granja el remolque del que está dotado ese tractor, como en el litigio principal, extremo que corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar”.
De esta doctrina ya iniciada en la sentencia de esta Sala de 2 de diciembre de 2008 (RJ 2009, 417) y ratificada recientemente en la de 1 de julio de 2015, rec. 484 de 2013 (RJ 2015, 2557) , se deduce que la parada o estacionamiento relacionados con los períodos de descanso del conductor están integrados dentro del concepto “hecho de la circulación”, por lo que procede desestimar el recurso interpuesto.”
En la sentencia del Tribunal Supremo del 6 de febrero de 2012 (RJ 2012, 4983) (Ponente XIOL RIUS), se establece:
“QUINTO.- Responsabilidad civil del propietario o poseedor en caso de incendio de vehículo a motor.
A) Según el artículo 1.1. LRCSCVM (RCL 2004, 2310) 1995 , el conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación.
En su interpretación, esta Sala viene afirmando, desde la STS de 12 de diciembre de 2008, RC n.º 2479/2002 , que el art. 1.1 I y II LRCSVM (RCL 1989, 1659y RCL 1990, 683) establece un criterio de imputación de la responsabilidad derivada de daños causados con motivo de la circulación fundado en el principio objetivo de la creación de riesgo por la conducción .
Puesto que el artículo 1.1 LRCSCVM no distingue entre daños personales y materiales, subsiste para estos últimos también la objetivación de la responsabilidad por el riesgo creado, de modo que el hecho de que en el caso de daños en los bienes la responsabilidad frente a terceros se articule a través de los artículos 1.902 CC y siguientes CC (LEG 1889, 27) ( artículo 1.2 LRCSCVM ), se traduce en la técnica de la inversión de la carga probatoria , que ya estaba presente en la tradicional doctrina del riesgo.
En atención al riesgo creado y al deber de extremar su cuidado que incumbe al que tiene u ostenta el control de la fuente que lo origina o incrementa (en este caso, el vehículo a motor), se ha dicho que no todo incendio es por caso fortuito y que no basta para llegar a tal conclusión que el siniestro se hubiera producido por causas desconocidas ( SSTS de 9 noviembre de 1993 (RJ 1993, 8973) , 29 de enero de 1996 (RJ 1996, 6365) , 13 de junio de 1998 (RJ 1998, 4687) , 11 de febrero de 2000 (RJ 2000, 819) , 12 de febrero de 2001 (RJ 2001, 850) ), de modo que si se produce un incendio dentro del ámbito de control del poseedor de la cosa -sea el propietario o quien está en contacto con ella- hay que presumir que le es imputable, salvo que pruebe que obró con toda la diligencia exigible para evitar la producción del evento dañoso.
En el supuesto particular de incendio de vehículo a motor, del que no derivan daños personales sino únicamente daños materiales para terceros, la responsabilidad civil, sea del conductor o del propietario, se rige igualmente por esos mismos criterios de exigencia de mayor cuidado y de atribución de la carga de acreditarlo a quien ostenta el control de la situación de riesgo inherente a la conducción y funcionamiento del vehículo. En el caso del propietario no conductor (y también del legítimo poseedor) de conformidad con lo previsto en el párrafo quinto, del artículo 1.1 LRCSCVM , su responsabilidad, por los daños a personas o bienes ocasionados por el conductor, precisa de una vinculación entre ambos comprendida en alguna de las relaciones a las que se refiere el artículo 1903 CC (y 22 del Código Penal (RCL 1995, 3170y RCL 1996, 777) ). Dicha responsabilidad cesará cuando el mencionado propietario pruebe que empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. La diligencia exigible será, en cada caso, la necesaria para evitar el resultado a tenor de las circunstancias de personas, tiempo y lugar y del mayor o menor riesgo creado, pues un riesgo mayor conlleva un deber de previsión mayor por parte de quien lo crea o aumenta.
También desde la perspectiva causal, de la imputación objetiva del daño al comportamiento negligente del agente, la existencia de un riesgo superior al normal se traduce en un mayor esfuerzo de previsión, en una diligencia extrema adecuada a las circunstancias, y por ende, en la necesidad de que se adopten las medidas necesarias, de tal manera que no hacerlo permite atribuir el resultado producido a dicho agente, y tener por existente el nexo causal tanto desde el punto de vista físico como desde el jurídico. En efecto, tiene dicho esta Sala que la imputación objetiva, entendida como una quaestio iuris [cuestión jurídica] susceptible por ende de ser revisada en casación ( SSTS 30 de abril de 1998 ,2 de marzo de 2001 ,29 de abril y 22 de julio de 2003 (RJ 2003, 5391) , 17 de abril de 2007, RC n.º 1007/2007 (RJ 2007, 3541) y 21 de abril de 2008, RC n.º 442/2001 (RJ 2008, 4606) ), comporta un juicio que, más allá de la mera constatación física de la relación de causalidad, obliga a valorar con criterios extraídos del ordenamiento jurídico la posibilidad de imputar al agente el daño causado apreciando la proximidad con la conducta realizada, el ámbito de protección de la norma infringida, y la frecuencia o normalidad del riesgo creado frente a la existencia de los riesgos generales de la vida, entre otras circunstancias.
B) En aplicación de esta doctrina debe estimarse este motivo de impugnación pues, sentado que se trató de un hecho de la circulación , la responsabilidad del propietario o poseedor debe enjuiciarse desde la óptica del singular riesgo creado por la conducción de un vehículo a motor, que, contrariamente a lo señalado por la AP, sí se trata de una situación de especial riesgo, que comporta una presunción de culpa que corresponde destruir al agente, por encontrarse cercano a la fuente de peligro, y que hace que el problema se contraiga en este caso a valorar, desde el punto de vista de la causalidad, su relevancia causal, es decir, si su actuación negligente pudo ser causalmente determinante del resultado dañoso, entendida esa relación de causalidad, no solo desde el plano fenomenológico (causalidad física) sino también desde el plano jurídico, como posibilidad de que se le pueda imputar objetivamente (causalidad jurídica). Y aunque la AP descarta tanto una como otra, se observa que lo hace desde la consideración de que el uso de un vehículo no es una actividad de riesgo, lo que ya se ha descartado, de manera que al propietario y al conductor sí les correspondía velar por la seguridad del mismo, incluyendo la de todos sus mecanismos, entre ellos, el sistema de refrigeración, en cuanto estaba íntimamente relacionado con la actividad a la que estaba principalmente destinado el vehículo. No cabe, como hace la AP, desvincular la causa física del incendio (cortocircuito en el grupo frigorífico) con los deberes exigibles de adecuado mantenimiento y conservación del vehículo, pues, por más que este hubiera sido cedido escasamente cinco meses antes y dispusiera de certificado oficial sobre su aptitud para ser usado para la finalidad con que estaba siéndolo en el momento del siniestro, su uso continuado durante este tiempo -y por tanto, con posterioridad a dicha inspección- situaba al agente en una situación de control de la fuente de peligro que le obligaba a extremar su diligencia a fin de detectar posibles incidencias, averías o defectuosos funcionamientos, con objeto de prevenir daños como los ocasionados.
Y también en la sentencia del TS de 14 de junio de 2013 (RJ 2013, 3946) (Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER, en un supuesto de responsabilidad por los daños causados a varios vehículos por un incendio en un aparcamiento, recordó:
Esta Sala tiene declarado, entre otras, en sentencia núm. 210/2003, de 27 febrero (RJ 2003, 2152) , que en tales casos la doctrina jurisprudencial exige la prueba del incendio causante del daño , no la prueba “normalmente imposible” de la causa concreta que causó el incendio ; el nexo causal es, pues, entre el incendio y el daño, no respecto a la causa eficiente, ni mucho menos, la culpa del incendio causante del daño. Así, la sentencia de 22 de mayo de 1999, expresa: “aquellos trabajos se desarrollaban en el ámbito empresarial de la recurrente (que era la empresa donde se produjo el incendio) por lo que a ella, y no obviamente a la actora, le hubiera correspondido la prueba de un suceso extraño a su empresa como causa del siniestro”. Y la de 31 de enero de 2000 dice: “ha ocurrido (el incendio) dentro del círculo de su actividad empresarial sometido a su control y vigilancia y ajeno por supuesto al dañado y por ello debe responder”. Y añade, para el caso concreto, luego aplicable a cualquier otro: “los actores, en suma, han de probar, y así lo han hecho, que su chalet se ha incendiado por la propagación del fuego iniciado dentro del centro de transformación, no lo que ha ocurrido en él para que se produzca”.”
En consecuencia, partiendo de los hechos declarados probados en la resolución recurrida, que han sido aceptados por las partes en sus escritos, y en aplicación de la jurisprudencia recogida, no podemos apreciar la concurrencia de caso fortuito, ni de fuerza extraña a la conducción, ya que debemos considerar que estamos ante un hecho de la circulación, por lo que debe aplicarse el criterio de que la responsabilidad del propietario o poseedor debe enjuiciarse desde la óptica del singular riesgo creado por la conducción de un vehículo a motor, lo que comporta una presunción de culpa que corresponde destruir al agente, y debe concluirse que en este caso no ha sido destruida, pues ninguna prueba se ha practicado al respecto.
Compartimos plenamente la sentencia AP BCN Sección 13, de 01/09/2017 (PROV 2017, 297547) (Ponente: MARIA DELS ANGELS GOMIS MASQUE), referida al mismo siniestro que nos ocupa, cuando concluye que:
“… tanto si aplicamos la doctrina contenida en la sentencia relativa a la responsabilidad del propietario en los supuestos de incendio como si aplicamos la teoría del riesgo derivado de la conducción, hemos de partir de una presunción de culpa que corresponde destruir al agente, por encontrarse cercano a la fuente de peligro. En el caso que nos ocupa, está totalmente excluido que se debiera a la intervención de un tercero, y, si bien el origen o causa del incendio está determinada (fallo eléctrico), ello no permite considerar que nos encontremos ante un caso fortuito, así, sabido es que en el ámbito de la circulación los fallos mecánicos no pueden ser considerados como caso fortuito, y por otra parte, si bien, ciertamente, habían transcurrido pocos meses desde la matriculación de la motocicleta, encontrándose ésta en período de garantía, ninguna prueba se ha realizado respecto a su estado de mantenimiento ni kilómetros recorridos (más allá de las manifestaciones del propietario al perito); de modo que la doctrina expuesta aplicada al caso supone la presunción de culpa del codemandado, propietario del vehículo en el que se inició la ignición, presunción que no ha sido desvirtuada, al no haber quedado acreditado que el mismo extremara la diligencia ni adoptara las medidas necesarias para evitar que se produjera.”
CUARTO
Por otra parte, y respecto a la legitimación de la aseguradora de la comunidad, OCASO, contra el comunero causante o responsable de los daños, debemos reiterar el criterio mantenido por este tribunal, en supuestos de daños causados por incendio originado en uno de los departamentos de la comunidad de propietarios, que ha venido razonando que:
“… aunque de manera indirecta, los propietarios de los diversos departamentos del inmueble podrían ser conceptuados en este sentido como tomadores de la póliza comunitaria.
La identificación de comunero y comunidad no se plantea cuando estamos hablando de responsabilidad civil de la comunidad frente al comunero, o de comunero frente a la comunidad, y es que la identificación del todo por la parte supone desconocer el interés de los demás comuneros. (…)
hay quien se inclina por considerar de aplicación el art. 32 LCS (RCL 1980, 2295) , pues existe identidad de tomador y dado que el riesgo cubierto en ambos contratos de seguro resulta idéntico en lo que se refiere al continente de la vivienda, concluye que ambas pólizas cubrían el mismo interés: una el continente (y el contenido) de la vivienda del asegurado, y la otra la vivienda en cuanto comprendida en el continente del edificio asegurado ( SAP Baleares, sec. 3ª, 4-12-2013 (PROV 2014, 9362) , Pte: MORAGUES VIDAL, CATALINA, o SAP Barcelona, sección 1 del 8 de abril de 2008 (PROV 2008, 171372) , Ponente: MARIA DOLORES PORTELLA LLUCH)
Otro sector considera que cuando las aseguradoras cubren el mismo riesgo, pero una de ellas asegura a quien no tiene ninguna responsabilidad en la causación del daño, ésta perfectamente podría repetir contra la aseguradora del causante la cantidad pagada por aplicación del artículo 32, siempre, claro está, que esta última aseguradora cubra también la responsabilidad civil de su asegurado y causante del siniestro , art. 43 y 76 de la LCS . En este supuesto no sería aplicable analógicamente el artículo 32 de la LCS . ( SAP Alicante, sec. 9ª, 28-11-2013 (PROV 2014, 78344) , Pte: VALERO DIEZ, JOSÉ MANUEL).
Así afirman que la aseguradora del responsable del siniestro, no puede repercutir lo pagado por riesgo de incendio a la compañía de la comunidad, en realidad perjudicada del mismo, aunque “es verdad que el art. 32 de la Ley de contrato de seguro está refiriéndose a lo que ha venido definiéndose como “seguro múltiple” es decir, pluralidad de seguros concertados por el propio tomador; pero al no estar contemplada la concurrencia de seguros en ningún precepto concreto de la Ley de Contrato de Seguros y ante la identidad de razón de evitar un enriquecimiento injusto, se ha venido utilizando el art. 32 como referente analógico en la resolución de estos conflictos.” ( SAP, sección 16, de 13 de junio de 2012 (PROV 2012, 259554) Ponente: AGUSTIN FERRER BARRIENDOS).
Este tribunal se inclina por la segunda de las posiciones expuestas, por lo que se revoca la resolución recurrida, pues la actora acepta su responsabilidad civil frente a la Comunidad de propietarios por los daños causados por su asegurada, ya que el incendio se originó en el contenido de la vivienda, y ella aseguraba la responsabilidad civil, y la demandada podría repetir al amparo del art. 43 LCS , pues la aseguradora de la comunidad no aseguraba la RC de los comuneros , como indica en su recurso.”
QUINTO
Lo anterior conduce a la estimación de todos los recursos planteados, y de las demandas en las cantidades reclamadas que no han sido cuestionadas por los demandados, con imposición de las costas de la primera instancia a los demandados.
SEXTO
Estimados los recursos no se condena en las costas de la segunda instancia ( art. 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento civil (RCL 2000, 34) ).
F A L L A M O S
ESTIMAMOS el recurso planteado por las representaciones de OCASO S.A., LŽEQUITE COMPAGNIE DŽASSURANCES ET REASSURANCES SUR LES RISQUES DE TOUTE NATURE, y el Sr. Victorino, PELAYO SEGUROS, LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., y el Sr. Agustín, REVOCAMOS la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Badalona, el 23 de febrero de 2018, y condenamos a los demandados a pagar:
– a OCASO S.A., la cantidad de 29.110,33 €, a abonar por el Sr. Carlos Alberto, y FIATC, más los intereses legales y costas de la primera instancia.
– a LŽEQUITE COMPAGNIE DŽASSURANCES ET REASSURANCES SUR LES RISQUES DE TOUTE NATURE, la cantidad de 2.200.- €, a abonar por el Sr. Carlos Alberto, y FIATC, más intereses y costas de la primera instancia.
– al Sr. Victorino, la cantidad de 446.- € a abonar por el Sr. Carlos Alberto, y FIATC, más intereses, que para la aseguradora serán los del art. 20 LCS (RCL 1980, 2295) y costas de la primera instancia.
– a PELAYO SEGUROS, la cantidad de 8.505.- € a abonar por FIATC, más intereses legales y costas de la primera instancia.
– a LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., la cantidad de 7.020 €, a abonar por el Sr. Carlos Alberto, y FIATC más intereses y costas de la primera instancia.
– Y al Sr. Agustín, la cantidad de 2.106.- €, a abonar por el Sr. Carlos Alberto, y FIATC, más intereses, que para la aseguradora serán los del art. 20 LCS y costas de la primera instancia.
No se imponen las costas de los recursos.
Reintégese a la parte recurrente el depósito constituido, devolver las actuaciones al órgano judicial de instancia y archivar el presente procedimiento.
Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) y recurso extraordinario POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC) siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.
También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març (LCAT 2012, 152) , del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.
El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre (RCL 2009, 2089) .
Lo acordamos y firmamos.
Los Magistrados :
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