Angel Cervantes ANAVA-RC

Entrevista a Angel Cervantes, decano del Colegio Abogados de Toledo, por Luis J Sánchez

Coordinación: LuisjaSanchez, @luisjasanchez, periodista jurídico

Angel Cervantes, decano del Colegio Abogados de Toledo: “Cantabria y Asturias podrían pedir responsabilidad patrimonial al Estado por los trenes de Renfe”

La clave está en acreditar que la demora en la entrega les ha generado perjuicios a ambas Administraciones regionales, y estos puedan ser evaluados económicamente

El impacto del Covd19 ha tensionado a nuestros tribunales contenciosos administrativos y colocado en un primer lugar el derecho público que regula las relaciones de las distintas administraciones son los ciudadanos. Es la primera reflexión de Angel Cervantes, decano electo del Colegio de Abogados de Toledo y miembro de la asociación nacional de víctimas (ANAVA.RC) desde hace algunos años.

Para este experto en derecho administrativo y urbanismo, “las reclamaciones que se interponen contra la responsabilidad patrimonio del Estado siempre dependen de que se pueda demostrar que se ha generado un daño evidente por una acción de la administración. Se indemniza por el baremo de tráfico y no hay dos reclamaciones iguales”.

Desde su punto de vista “el conflicto de los trenes de Renfe y Adif, con las comunidades autónomas de Asturias y Cantabria parece abrir la puerta a una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado. Es evidente que hay un perjuicio importante y se ha causado un daño que tendrán que cuantificar ambas autonomías”.

Nuestro interlocutor es abogado colegiado desde 1994, siempre vinculado al derecho público y urbanístico. Tras unos años de trabajo en la administracion a nivel jurídico puso en marcha su propio despacho que de ser un despacho generalista se ha especializado en temas de derecho público y urbanístico en esta materia asesorando a ayuntamientos y empresas en su relación con la administración.

En este contexto es consciente que han crecido las responsabilidades patrimoniales contra la administración, amén de otras figuras como las expropiaciones de muy diversa índole. Desde las nulidades de licencias urbanísticas, pasando por la responsabilidad civil profesional de los sanitarios por negligencias médicas y otras acciones administrativas.

El despacho está formado por siete profesionales, varios de ellos especializados en esta materia. Ahora, al mismo tiempo, es el Coordinador del Master de Acceso a la Abogacía de la Universidad Castilla-La Mancha en el campus de Toledo, donde también imparte clases de derecho administrativo.

“En los últimos años compagina su actividad como decano del Colegio de Abogados de Toledo con su pertenencia a ANAVA-RC. Cervantes será otro de los asistentes del V Congreso Nacional de esta asociación que se celebrará en Madrid los próximos 2 y 3 de marzo.

¿Le sorprende el auge del derecho público en nuestro país en estos momentos?

La propia pandemia del Covid19 ha tensionado nuestros tribunales y situado en un primer plano las relaciones entre las distintas administraciones y nuestra sociedad. No podemos dejar de pensar en todas las normas que se han puesto en marcha unas prohibitivas, otras sancionadoras y otras de perfil regulatorio.

Esto ha hecho que la jurisdicción contenciosa administrativa esté cerca del colapso al igual que la jurisdicción civil con todos los pleitos derivados de las condiciones generales de la contratación. Ahí entran las cláusulas suelo, las reclamaciones de gastos o las resolución anticipada de contratos con garantía hipotecaria, lo que motivó la especialización de determinados juzgados para enjuiciar estos supuestos -cláusulas suelo- que aún siguen operando.

En la actualidad la pendencia de asuntos aun sin resolver relacionados con el Covid 19 son bastante importantes, tanto a nivel laboral, como civil como en este ámbito contencioso donde hay muchas demandas de responsabilidad patrimonial pendientes de resolución; médicos contra la administración, particulares, clientes con Covid persistente.

También es previsible que la jurisdicción mercantil y los asuntos concursales experimenten un incremento importante tras la aprobación de la nueva Ley 16/22 y el incremento de concursos de acreedores con muchas empresas “zombies” sin recursos. Habrá que ver que evolución se mantiene en este año 2023.

Seguir leyendo en el siguiente pdf: https://anavarc.org/wp-content/uploads/2023/02/ENTREVISTA-ANGEL-CERVANTES-DECANO-COLEGIO-ABOGADOS-TOLEDO-BLOG-ANAVA-RC.pdf

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