A punto de concluir este año 2022, es buen momento para hacer balance  de lo que ha sido este ejercicio. Un año complicado para las víctimas de accidentes. Después de seis años de la creación de esta asociación sigue siendo prioritario defender a este colectivo y proteger sus derechos.

Tal y como explico en la web de ANAVA-RC  la   necesidad de la creación de una asociación como ANAVA-RC surge en el año 2015 tras la modificación del Código Penal en el que  se suprime el procedimiento del Juicio de Faltas.

En aquel momento era  el más utilizado por las víctimas de accidentes para materializar sus reclamaciones por daños y perjuicios derivados de accidentes de circulación, y la implantación del nuevo baremo mediante la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, dos reformas en las que el Lobby del sector asegurador salió muy beneficiado en perjuicio de los derechos de los perjudicados por accidentes de circulación.

En este contexto era necesario crear una asociación de abogados especializados en responsabilidad civil y seguro que ejerciera un contrapeso a las aseguradoras del ramo del automóvil, que con sus grandes medios económicos y personales conseguían, reforma tras reforma, salir beneficiados orillando los derechos de las víctimas.

ANAVA-RC está compuesta por cerca de 250 despachos de abogados especializados en responsabilidad civil que han ayudado a impulsar decenas de iniciativas en defensa de los derechos de las víctimas de accidentes y los abogados que las defendemos.

Este contexto la convierte actualmente la asociación de referencia a nivel nacional compuesta solamente por abogados de victimas tanto de accidentes de circulación como otro tipo de perjudicados por responsabilidad civil y consumidores.

Un año reivindicativo

Sobre este balance del 2022, es evidente que este año ha sido muy intenso en nuestras reivindicaciones. Comenzamos consiguiendo un desmentido del Gobierno en su intento de tributación de las indemnizaciones percibidas por las víctimas como resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil y que el Gobierno escondió en una disposición adicional de una ley que nada tenía que ver con la hacienda pública

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