Los abogados reclaman una actualización justa de las indemnizaciones por accidente: «Son doblemente víctimas»

El baremo con el que se establecen las indemnizaciones se actualiza anualmente en base a la subida de las pensiones, pero este año no la reflejará de forma exacta

La Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (Anava-RC) ha solicitado a la Dirección General de Seguros (DGS) que actualice correctamente el baremo que utiliza para establecer las indemnizaciones por accidente. Según denuncian, estos pagos no aumentan cada año como lo hace el IPC, sino que siguen la subida de las pensiones y en 2022, ni siquiera llegarán a ese nivel. Esto, apuntan, deja a los afectados en condición de víctimas por partida doble.

El baremo es la figura que utilizan víctimas, abogados, compañías de seguros y juegos para acordar las indemnizaciones que corresponden, ya que se pagan siempre a fecha del año en que se reclama. Se actualiza anualmente y en base a él se establecen los pagos. Y cuanto más bajo es, menores son las indemnizaciones.

La situación es algo compleja, pues ha habido muchos cambios y es fácil que bailen los números. La tabla que establece la cuantía de las indemnizaciones que se conceden a las víctimas de accidentes de tráfico existe desde 1995. Desde entonces y hasta el primer cambio, se actualizaba con el IPC, pues se buscaba que no se perdiese poder adquisitivo año a año.

Sin embargo, en 2015 se publicó el nuevo baremo, cuyo proyecto, recuerda Manuel Castellanos, presidente de Anava-RC, recogía esta actualización. No obstante, finalmente «De Guindos metió un rejonazo» y en lugar de actualizarse por el Índice de Precio de Consumo, pasó a hacerlo en base al índice de revalorización de las pensiones, que suele ser inferior al IPC. «Nos metió un gol a todos», resume el directivo.

La situación se ha mantenido así hasta ahora, con el matiz de que el IPC ha tenido subidas moderadas e, incluso, bajadas, así que no se notó tanto la repercusión. En 2021, no obstante, se disparó hasta el 6,5%. Las pensiones, por su parte, se incrementaron un 2,5%, pero el Gobierno añadió a esto un pago del 1,6% para compensar esa pérdida de poder adquisitivo. Se convierte, en cierto modo, en una subida encubierta del 4,13%. Pero Anava teme que no ocurra lo mismo con el baremo y reclama ese 1,6% adicional.

«Lo que pretendía hacer la Dirección General de Seguros antes de nuestra intervención es subirlo simplemente el 2,5%», explica Castellanos, que aporta una prueba que también es una acusación: «Sabemos que este año va a aplicarlo por abajo porque el año pasado ya lo hizo». Así, han decidido adelantarse a la decisión de la DGS, pero advierten que, si finalmente no les escuchan, recurrirán su decisión. «Si no se iguala al trato de los pensionistas se está produciendo un trato desigual a las cientos de miles de víctimas de accidentes frente a los pensionistas», sentencia.

El directivo recuerda también que se trata de «personas vulnerables que ven perjudicado su estado físico y su patrimonio». De hecho, considera que el colectivo parece estar señalado, ya que recientemente «de una forma oculta y de tapadillo» se planteó «un hachazo fiscal», la tributación por la indemnización, que finalmente no salió adelante. «Son doblemente víctimas, porque encima de tener un accidente te pisotean; es un poco absurdo», lamenta.

MAYOR AGILIDAD

Ya ha habido acercamientos -Castellanos admite que hay representantes de la DGS que se han mostrado «muy sensibles» a su situación-, pero también «presiones por parte de Unespa«, la patronal de las compañías de seguros. Se ha solicitado un informe a la Abogacía General del Estado y el 23 de febrero se reunirá la comisión de seguimiento del baremo para decidir qué ocurre. En este momento llegaría, de ser necesario, el recurso de Anava.

Manuel Castellanos, de hecho, se sorprende por la lentitud de todo este proceso, que en cierto modo paraliza las reclamaciones o las condena a una indemnización con el baremo de 2021, pues no se aplica con efecto retroactivo. «La DGS, que también es un garante para las víctimas y los asegurados, todos los años, en vez de dictar su resolución la primera quincena de enero (que sería lo razonable, porque la revisión de las pensiones se publica enseguida), tarda mucho en hacerlo», detalla. Hace dos años llegó en marzo.

A todo esto ayudaría, en opinión del presidente de Anava, que se actualizasen automáticamente con el IPC, algo que ya avaló una comisión de expertos. Pero esa, explica, es una lucha a medio o largo plazo; por el momento se centran en lograr la subida que consideran justa: «Si al final nos tenemos que comer que sea como los pensionistas, pues que sea igual que los pensionistas, pero que no sea menos».


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