«Se echa en falta que se publiquen datos de siniestrabilidad»

Es indudable que el objetivo de nuestra sociedad o, al menos de una sociedad civilizada, es lograr una disminución radical de la siniestrabilidad vial y dirigirnos hacia las “0” víctimas mas pronto que tarde, y en este empeño están involucrados todos los agentes sociales del sector, públicos y privados, principalmente el Ministerio de Interior a través de la Dirección General de Tráfico, la Fiscalía Especial de Seguridad Vial, Asociaciones de víctimas y de abogados de víctimas y entidades de seguros del ramo, en este último caso, y además de lo anterior, por su secundario y legítimo interés de conseguir un ahorro en el pago de indemnizaciones a los perjudicados y, con ello, mejorar de sus cuentas de resultados.

Para ello, la DGT inicia campañas anuales de concienciación ciudadana que, con mayor o menor éxito, logran reducciones de siniestrabilidad que, lamentablemente, no se mantienen en el tiempo, con picos de alza de accidentes que nunca son deseados y, en algunos casos, fruto de una deficiente comunicación pública, con incremento del nivel sancionador que parece conseguir unos fines recaudatorios mas que de disminución de los siniestros viales, como es el caso de la colocación de radares de velocidad en tramos rectos en vez de situarlos en zonas peligrosas o de alta siniestrabilidad.

Existen encomiables iniciativas como la tomada recientemente por la fiscalía especial de seguridad vial al promover la firma de un protocolo marco de colaboración para la protección de los derechos de las víctimas de siniestros de tráfico y sobre otras materias relacionadas con la seguridad vial, en el que participan, además de la fiscalía, representantes de las víctimas de accidentes, de la abogacía madrileña y española, el Consorcio de Compensación de Seguros, UNESPA y OFESAUTO, y que como principales objetivos se encuentran:  – el impulso de la solución extrajudicial de las discrepancias, teniendo en cuenta la necesaria autorización judicial cuando se trate de menores y de personas con discapacidad para las que así se haya dispuesto judicialmente; – La simplificación y celeridad de los procedimientos judiciales civiles y penales sobre siniestros de tráfico con resultados lesivos, promoviendo una pronta resolución de los órganos jurisdiccionales, y la satisfacción de las responsabilidades civiles conforme al procedimiento citado en el apartado anterior; – La información e instrucción de los derechos y prestaciones de todo orden de que son titulares las víctimas de siniestros de tráfico, de conformidad con la Directiva 2012/29/UE de 25 de octubre, y correspondientes preceptos de la legislación nacional (arts. 4-26 del Estatuyo de la Víctima del Delito) con la finalidad de lograr una asistencia inmediata y una atención de sus necesidades en los distintos ámbitos sin demoras injustificadas. Todo ello en coordinación con las Oficinas de Atención a las Víctimas (arts. 27-29 EVD) y con las Asociaciones de Víctimas y demás asociaciones firmantes y; – La prestación a las víctimas de una atención e información pronta, eficaz y continuada, presidida por criterios de humanitarismo, velando por evitar que se produzca su “olvido”. A los tales fines, así como el de “sensibilización” social en favor de las víctimas recogido en el art. 34 EVD, se propiciará, en el ámbito de sus respectivas funciones, el impulso y/o participación en actos y/o encuentros personales con las víctimas, así como la elaboración y/o participación en protocolos operativos y coordinados, en los que podrán también participar otras partes que tengan legamente encomendada la protección y defensa de los intereses de las víctimas (Policías de Tráfico, Oficinas de Asistencia a la Víctima, etc.).

En este sentido, el recién nombrado fiscal especial de Sala de Seguridad Vial, Luis del Río Montesdeoca nos traslada que:  El Ministerio Fiscal en materia de seguridad vial tiene como uno de sus principales objetivos seguir avanzando en mejorar la protección a las víctimas de los siniestros viales. Es mucho lo que está en juego .Hay que evitar que tengan que soportar, además de los daños físicos y psicológicos derivados del siniestro, una victimización secundaria por falta de la debida atención durante la tramitación del procedimiento judicial.

Siendo loable el empeño de todos los agentes sociales en aras a conseguir una significativa reducción de la siniestrabilidad vial, lo cierto es que hoy por hoy siguen existiendo centenares de miles de accidentes de circulación con fallecidos y heridos de diversa consideración que, en muchos casos, quedan desamparados.

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